Resonancias: Revista de investigación musical

ISSN 0719 - 5702 (en línea); ISSN 0717 - 3474 (impresa)

N°40 /

Junio 2017

Portada 40

Artículo

Canto, liturgia, ceremonial y culto en América Latina según la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias

Por Dr. David Andrés Fernández

Instituto de Acústica, Universidad Austral de Chile / Facultad de Educación de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha
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Resumen

La mayoría de las fuentes normativas para el estudio de la música litúrgica en los templos católicos de América Latina ha sido ya revisada, pero todavía se pueden encontrar algunas de ellas, entre las que se cuenta la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, que no han sido examinadas sistemáticamente en busca de noticias sobre ese tema. El presente texto muestra los resultados de un análisis exhaustivo de esa Recopilación emanada de la autoridad secular, con el fin de complementar los trabajos existentes acerca del canto, la liturgia, el ceremonial y el culto divino en las iglesias del Nuevo Mundo. Tales resultados manifiestan los conflictos de competencias entre las autoridades civiles y eclesiásticas que caracterizan a la sociedad del Antiguo Régimen, y confirman la existencia de una insistente voluntad para lograr la uniformización de las formas del culto religioso según las prácticas enraizadas en la Península. Debido a ello, también muestran cómo esa voluntad alcanzó la intensidad suficiente como para descender hasta aspectos minuciosos que normalmente, de llegar a aparecer, solo se explicitan en las fuentes eclesiásticas, lo que ayuda a comprender mejor el entorno en el que se desarrollaba la música litúrgica.

derecho indiano - música - ceremonia - oficio divino - misa - procesiones

 

Chant, liturgy, ceremonial and divine worship in Latin America according to the Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias

Abstract

Most of the legislative sources for the study of liturgical music in Catholic churches in Latin America have already been explored. However, some of them, like the Compilation of Laws of the Indies of 1680, have not been systematically examined in search of new material on the subject. The present article shows the results of an exhaustive analysis of this compilation emanated from the Spanish secular authority in order to update and complement previous work on the chant, liturgy, ceremonial and divine worship in the sixteenth and seventeenth centuries in the New World. These results demonstrate conflicts of competence between the civil and ecclesiastical authorities that characterized the society of the Old Regime, and confirm the existence of a determination to achieve the uniformity within the forms of religious worship according to the practices rooted in the Peninsula. Because of this, the documents also show many specific details which are normally only found in ecclesiastical sources. This intensity of purpose and explication shown in the documents helps one to understand the environment in which liturgical music was developed.

Laws of the Indies - Music - Ceremony - Divine office - Mass - Processions

Resonancias vol. 21, n° 40, enero-junio 2017, pp. 13-32. 
DOI: https://doi.org/10.7764/res.2017.40.2
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[1]

Introducción

En 1892, Federico González Suárez escribía en su monumental Historia de Ecuador que “Las iglesias de la América española […] desde su fundación se erigieron y gobernaron no por el derecho canónico común, sino por un derecho especial, que muy bien merecería ser llamado derecho hispanoamericano” (González Suárez 1892, III, 403-404). Aunque este último adjetivo podría considerarse sumamente acertado, lo cierto es que apenas ha sido utilizado con posterioridad, ya que, para referirse al conjunto de reglas jurídicas aplicables a las iglesias de las Indias, la categoría que parece haber prevalecido es la de “derecho indiano”, incluyendo en ella los usos de las iglesias de los territorios que España dominó no solo en América sino también en Asia y Oceanía (Sánchez Bella, Rentería y De la Hera 1992; Luque Talavan 2003; y Guzmán Brito 2010).[2] Este derecho especial abarca, entre otras, aquellas leyes de derecho canónico y eclesiástico comprendidas entre la emisión de las bulas del pontífice Alejandro VI en 1493 para la propagación de la fe cristiana y el envío de misioneros a las Indias, hasta la independencia de las provincias y reinos españoles en dichas tierras (Dougnac 1994).

Sin duda, en el período colonial se ratificaron innumerables leyes que afectaban al funcionamiento de las iglesias en las Indias (Salinas Araneda 1994). Gracias a ellas, es posible informarse sobre las prácticas litúrgicas que allí tenían lugar, pues en ocasiones incluían elementos propios de libros específicamente litúrgicos que no siempre han sobrevivido o no eran muy prolijos. Efectivamente, la organización de la música en los ritos y celebraciones de las iglesias de América Latina responde a la legislación eclesiástica resultante de la autoridad papal (Romita 1947 y 1958; Ferreti 1928; White list 1954; Pons 1959-1964; y Monson 2006) y de las actas del Concilio de Trento (Fellerer 1953; Monson 2002; y Prowse 2009), así como de una larga tradición anterior ya codificada, y se manifiesta en libros litúrgicos tales como ceremoniales y manuales (Oscáriz 1579; Ruiz Alcoholado 1589; Salmerón 1647; y De Sancto Thomas 1660).[3] Pero estos libros regulan también la liturgia practicada en iglesias e instituciones católicas de todo el orbe, mientras que el derecho indiano incluye en ocasiones informaciones más detalladas y, sobre todo, más específicas. Su valor informativo aumenta, por tanto, al considerar que se remite a una realidad local que los documentos de la Iglesia universal no alcanzan siempre a detectar. Es por esta razón que se ha considerado necesario realizar un estudio exhaustivo de las menciones relevantes sobre el tema.

En esta materia también podrían añadirse otras noticias procedentes de las compilaciones decimonónicas de derecho canónico, tales como las colecciones de cánones, concilios y concordatos que afectaron de forma exclusiva a los territorios de España y América (Tejada 1859 y 1862, y Cavalario 1841).[4] Existen además otras fuentes histórico-jurídicas que documentan el funcionamiento y las actividades de las iglesias hispanoamericanas, como las que siguen jerárquicamente en el escalafón legislativo a las de derecho canónico y eclesiástico, es decir, la documentación emanada de los concilios provinciales de Nueva España (Turrent 2013, anexos 2-7) y Perú (Stevenson 1968, 287; Swain 2006, 110-111; Rondón y Vera 2008, 204-210; y López Lamerain 2011, 61-64), así como de los sínodos diocesanos locales,[5] y de los testimonios escritos de las diversas instituciones que conformaban el complejo mapa eclesiástico de las Indias occidentales (González Dávila 1649 y 1655),[6] entre las que se encuentran actas de cabildo, consuetas, estatutos y visitas, entre otras (Martínez de Sánchez 2008). Del mismo modo, encontramos todavía otras fuentes impresas en las que teólogos, moralistas, juristas, canonistas e historiadores de la época abundan en información de este tipo (Baciero et al. 1995-1996, I, 60-68),[7] aunque el material directamente ligado a las prácticas litúrgico-musicales suele ser de envergadura menor.

Considerando que este conjunto de fuentes alcanza unas dimensiones muy amplias, en este trabajo se ha seleccionado como objeto de estudio la primera edición de la Recopilación de Leyes de Indias de 1680 por dos motivos.[8] En primer lugar, esta comprende un número considerable de leyes para un período de tiempo igualmente dilatado: casi seis mil cuatrocientas leyes para alrededor de doscientos años. En segundo lugar –y como se verá más adelante–, la Recopilación constituye en la práctica la base legislativa de todos los ámbitos de la vida durante prácticamente todo el período colonial y, por tanto, incluye contenidos con un potencial de gran riqueza informativa al asociar las prácticas litúrgicas con el resto de actividades legisladas. Esta selección del objeto de estudio se beneficia además de la metodología utilizada ya en otros trabajos sobre el mismo corpus (Viñas Mey 1920; De Icaza 1987; y García Benítez 2001), pero adaptándola al estudio de la música, la liturgia, el ceremonial y el culto divino, que todavía no han sido considerados sistemáticamente en ellos.

Por estas razones, he tomado como punto de partida para este artículo una obra del presbítero Rafael Gómez Hoyos, quien en 1961 publicó como resultado de su tesis doctoral en derecho canónico una monografía sobre el funcionamiento de la Iglesia en América Latina de acuerdo al derecho indiano. En su texto, el autor anotó algunas páginas sobre canto, liturgia y culto divino (Gómez Hoyos 1961, 173, 187-188 y 190-191), pero no consideró la totalidad de las leyes de la Recopilación que aludían o informaban sobre estas materias. De hecho, todavía no existe un estudio que recoja de forma sistemática las noticias de este tipo en la Recopilación, ni tampoco han sido especialmente tratadas por historiadores de la música, de la liturgia, de América o del derecho indiano. Esta carencia permite proponer la elaboración del presente texto con el fin de realizar una aportación a dichas historias.

Relevancia de la recopilación

Diversas, copiosas y extensas son las publicaciones acerca de la Recopilación. Su análisis muestra que es heredera tanto de sus predecesoras medievales, las Siete Partidas, como de varios intentos de recopilaciones anteriores, como las Leyes de Burgos, Ordenanzas de Granada y las Leyes Nuevas de Indias, entre otras (Altamira y Crevea 1941 y 2012; Manzano Manzano 1991; y García-Gallo de Diego 1951-1952, 530-531). La Recopilación mantuvo su validez al menos durante cien años después de su publicación en 1681 (Gómez Hoyos 1961, 56-57 y Barco Orduz 1981, fols. 220-221),[9] y las modificaciones posteriores a las diversas leyes que la conformaban (De la Hera 1962) culminaron con la sanción regia, por parte del monarca Carlos IV, del Real Decreto de 25 de Marzo de 1792. Este último decreto aprobó el Nuevo Código de las Leyes de Indias, pero su primer libro, dedicado a recoger las normas vigentes en materia eclesiástica, ni llegó a publicarse en la época ni jamás tuvo vigencia en América según Antonio Muro Orejón (1929, 52);[10] por lo tanto, se puede considerar que no afecta de modo significativo a la vigencia de la Recopilación en lo que se refiere al tema de este trabajo. De cualquier modo, el número de cédulas emitidas en el siglo XVIII fue elevadísimo, tal y como puede advertirse del proyecto de publicación de las que alberga el Archivo General de Indias, las cuales, por cierto, constituyen por sí solas un amplio corpus documental a explorar (Muro Orejón 1956, 1969 y 1977). No obstante, ni las modificaciones aludidas ni las nuevas leyes emitidas afectaron en demasía a la Recopilación y menos aún a aspectos del culto (Muro Orejón 1956, xxxiii-xxxvii), hecho que es corroborado por la impresión, en los siguientes siglos, de sus cinco ediciones posteriores.[11] Por esta razón, consideramos que se trata de un corpus legislativo válido para gran parte del período colonial o, al menos, hasta bien entrado el siglo XVIII, lo que resalta su importancia como fuente.

Por otro lado, la Recopilación es relevante porque agrupa noticias jurídicas que se encuentran dispersas tanto en otras fuentes como en la literatura científica, lo que nos permite, por un lado, reunir y complementar algunos de los temas discutidos en la actual historiografía, y, por otro, conocer y comprender desde un punto de vista excéntrico al fenómeno litúrgico-musical los complejos mecanismos a los que respondía su realización performativa. Más que las informaciones concretas sobre tales o cuales usos litúrgicos, cuyo valor es ya por sí solo muy elevado, es precisamente ese punto de vista “excéntrico” el que confiere a la Recopilación una inusitada relevancia como fuente musicológica. De hecho, su mera existencia constituye un importante testimonio sobre los esfuerzos y dificultades de la monarquía española al implantar el culto católico en el Nuevo Mundo. Efectivamente, ese proceso de aculturación religiosa implicó a ambas majestades, la divina y la humana, de manera que cada una de ellas se veía obligada a disponer de su tipología normativa propia para competir con la otra, mientras América Latina contemplaba cómo de esa rivalidad importada nacían sus nuevas formas de expresión religiosa.

Canto, liturgia, ceremonial y culto en la Recopilación

La Recopilación se presenta dividida en nueve libros que recogen ordenanzas y leyes emitidas por los monarcas españoles Carlos I (Emperador Carlos V), Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Aunque se han recogido noticias de todos los libros de la Recopilación excepto del segundo, son el primero (sobre la Santa Fe), el tercero (acerca del Dominio y Jurisdicción de las Indias) y el sexto (De los Indios) –en ese orden– los que destacan en abundancia de leyes pertinentes a la temática aquí tratada. En el curso del presente trabajo, las noticias litúrgico-musicales localizadas en la Recopilación han sido agrupadas por temas o materias y se han ordenado de forma cronológica. Las materias aluden a: 1) la asistencia del clero al servicio del culto divino y del coro, especialmente en el caso de los prebendados; 2) la provisión de personal adecuado y de objetos para el culto divino; 3) la mejora del culto en general y otras disposiciones para evitar el empeoramiento del mismo; 4) la acción de decir/oír misa y oficios divinos en diversas circunstancias; 5) la presencia del canto y la música; 6) los aspectos ceremoniales relativos al culto, la liturgia y las procesiones, con especial atención a estas últimas; 7) las festividades litúrgicas; y 8) los libros de Nuevo Rezado.

En general, aunque la Recopilación agrupa leyes que regulaban de forma prescriptiva diversos aspectos de la vida eclesiástica y su administración en las Indias, la mayor parte de los preceptos reales que forman su contenido fueron redactados en sentido negativo, es decir, como prohibiciones o como resultado de una creciente necesidad de controlar los problemas que en ellas se revelaban. Esto contribuye a comprender la distancia entre la voluntad ideal de los legisladores y la práctica real de su aplicación.

Por ejemplo, Carlos I, ya en 1535, obligaba expresamente a aquellos que recibían prebendas y beneficios a que residieran en sus iglesias para que pudieran realizar con normalidad el servicio del coro, del culto divino y de la administración de los sacramentos.[12] Dado que ese precepto tuvo que ser ratificado cinco veces, se deduce que esas ausencias debían ser demasiado habituales y no es extraño que un lustro más tarde las faltas de los curas en el coro a las horas de misa y vísperas pudieran ser sancionadas con un descuento en su salario.[13] Ese mismo año de 1540 se establecía que las ausencias de los prebendados solo pudieran ser justificadas “por causa vrgente, necessaria, y inescusable”, debiendo contar además con la autorización correspondiente del cabildo.[14] Esta más que evidente laxitud en el cumplimiento de asistencia al coro obligó a Felipe III a emitir una nueva ley en 1620 para restringir las ausencias de los prebendados a estos servicios solo en caso de enfermedad,[15] por lo que su sucesor Felipe IV, en 1626, tuvo que ordenar que en cada iglesia catedral de las Indias hubiera un “apuntador” para anotar las faltas que se produjeran, con el fin de evitar así un perjuicio en la realización del culto divino.[16] Otra ley del mismo año impedía dar concesiones de religiosos supernumerarios a las órdenes de San Agustín, Santo Domingo y la Merced, aludiendo precisamente al posible perjuicio que esto podía suponer en la asistencia al coro y a otras obligaciones de las que pudieran estar exentos.[17] Incluso unos años antes, en 1621, el mismo monarca había ordenado a los arzobispos y obispos multar a los prebendados comisarios que no residieran en sus iglesias a las horas canónicas y del servicio del coro, aunque fuesen ministros de la Inquisición,[18] si bien es posible que ocurrieran algunas excepciones; una de estas era la que concurría en el caso de los prebendados catedráticos de la Real Universidad de México, que estaban exentos mientras impartían sus clases (Garcés de Portillo 1620).

La constante preocupación de los monarcas españoles por evitar las ausencias en el coro forma parte de su deber de garantizar la dignidad del culto como “católicas majestades” que eran. En función de ese deber, era obligación suya poner especial cuidado no solo en proveer las iglesias de América con personal que pudiera atender los servicios, sino también abastecerlas, o asegurar los medios para abastecerlas, de los enseres necesarios para el culto. Así, desde 1523, los diezmos que los oficiales reales de las Indias recaudaban debían ser destinados obligatoriamente a adquirir el mobiliario litúrgico imprescindible tanto como a contratar “personas de buena vida, e idoneos […] para el servicio del culto divino”.[19] Asimismo, desde 1554 recaía sobre los encomenderos la obligación legal de proporcionar los suministros imprescindibles para la liturgia, incluyendo el vino y la cera.[20] Mediante dos leyes de 1587 y 1588 respectivamente, se estableció también la obligación de que los oficiales de la Real Hacienda proveyeran a los templos de al menos un ornamento, un cáliz con patena y una campana para poder celebrar misa tanto en las iglesias de los indios como en los conventos de religiosos.[21] Además, desde 1618, la autoridad correspondiente debía garantizar que en toda reducción, por muy pequeña que fuera su población, se hiciera una iglesia donde se pudiera “dezir Missa con decencia”, y dicha iglesia debía tener una puerta con llave, aunque fuera dependiente de una parroquia alejada.[22]

Resulta evidente que el objetivo fundamental de la legislación indiana en la materia que se estudia en este trabajo era la consecución de la máxima dignidad posible en el culto divino. Por esta razón, en la Recopilación figuran numerosas indicaciones al respecto, que recorren los aspectos más problemáticos detectados por las autoridades monárquicas. Por ejemplo, en 1567 se dispuso que, en caso de que no hubiera un mínimo de cuatro prebendados para servir al coro, altar e iglesia, se pudiese nombrar a cuatro clérigos para que hicieran estas funciones con el título ad nutum amovile, siempre y cuando su carencia fuera por una ausencia justificada de más de ocho meses.[23] También el patronato real exigía, desde 1574, que a la hora de elegir prebendas para las iglesias catedrales de las Indias se prefiriera personal que hubiera servido en otras catedrales, con buena formación y que “tuvieren más exercicio en el servicio del coro y culto divino”.[24] Desde 1610 era preceptivo además que las autoridades eclesiásticas extremaran su cuidado a la hora de elegir curas y doctrineros para su labor pastoral, ya que, como hemos visto, debían ser personas virtuosas y que dieran buen ejemplo con su vida y costumbres.[25]

Estas medidas parecen claramente encaminadas, desde luego, a alcanzar un cierto decorum en la realización de la liturgia, como otras tantas que es posible enumerar. Así, desde 1622, y gracias a Felipe IV, las iglesias tenían que contar con la asistencia y apoyo de cuatro colegiales de los seminarios en la celebración diaria de los oficios divinos, y de seis en las fiestas de carácter solemne, con el fin preciso de mejorar el servicio litúrgico.[26] De forma particular, en la iglesia catedral de Nueva Segovia dos clérigos debían ayudar en los actos pontificales para realizar así “el culto divino con mas veneración”.[27]

Es comprensible, entonces, que además de la atención prestada a las personas encargadas de los aspectos musicales del culto divino, las leyes del derecho indiano trataran también de asegurar una liturgia adecuada o, mejor dicho, de evitar que las celebraciones litúrgicas se vieran de algún modo menoscabadas por circunstancias o comportamientos adversos en general. Se entiende así el motivo por el que Felipe II mandaba en 1569 que se guardara respeto y reverencia a todos los lugares sagrados, prohibiendo a la población que paseara o visitara las iglesias durante las celebraciones de la misa y de los divinos oficios, siguiendo de este modo las costumbres de Castilla.[28] Incluso diez años más tarde, el mismo monarca prohibía la entrada al coro de seglares “en el tiempo en que se celebrasen los Divinos oficios” con el fin de evitar un posible perjuicio en los mismos, si bien las autoridades permitidas por derecho estaban exentas de esta última obligación.[29] La misma aspiración a un elevado decoro en el culto parece desprenderse del decreto de 1603 del monarca Felipe III, por el que señalaba a las autoridades civiles su obligación de acudir puntualmente a los divinos oficios para no causar retrasos en su celebración, o que avisaran con anticipación en caso de que tuvieran algún impedimento.[30] En otra ley, de 1618, figuran otros ejemplos de los objetivos que inspiraron la legislación en materia litúrgica, al impedir a los oidores de la Audiencia Real que se reunieran en los actos eclesiásticos para hacer negocios[31] y en otra, de 1626, que mandaba a las autoridades que no fueran a hacer averiguaciones ni a tomar presos a los indios en las puertas de las iglesias durante los días de fiesta, ya que ocasionaban que estos no fueran a escuchar la misa preceptiva al tratar de evitar una posible sanción o captura.[32]

El objetivo de garantizar la continuidad y dignidad de los cultos eclesiásticos forma parte de la preocupación de los monarcas españoles por extender las celebraciones religiosas a cualquier situación y lugar. Por ejemplo, desde 1630 era preceptivo en las campañas de guerra que los generales nombraran capellanes para que estos administraran los santos sacramentos y sirvieran de ejemplo a los soldados.[33] Un año más tarde se estipulaba que, en aquellos castillos que estuvieran a más de una legua de las ciudades principales, se debía nombrar un sacerdote para celebrar misa, el cual tendría una asignación de ciento treinta pesos anuales. Esta misma ley obligaba a los soldados a asistir a dicho ministerio, con descuento de su salario en caso de inasistencia.[34] Incluso en aquellos casos en los que la fábrica de una fortaleza o fortificación de guerra durase demasiado tiempo, debía enviarse un clérigo o religioso para administrar los sacramentos, confesar y celebrar misa.[35]

La celebración de la misa (u oficios) aparece numerosas veces en los textos legales que componen la Recopilación con las expresiones “decir” u “oír” misa (u oficios). Por ejemplo, una ley de 1528 indicaba que “se digan y hagan dezir las Missas” que el prelado escogía cuando en una defunción no estuvieran presentes los herederos del finado,[36] mientras que otra de 1552 prohibía que clérigos y religiosos pasaran a las Indias sin licencia para administrar sacramentos, adoctrinar a los indios y “dezir Missa”.[37] Otro precepto, de 1571, permitía solamente dar el vino procedente de la limosna de la Real Hacienda a los religiosos, y no a los doctrineros, para que aquellos pudieran “celebrar y dezir Missa”.[38] El significado musical de estas expresiones, y otras muchas que podrían traerse aquí a colación, no es siempre evidente. En este sentido, la expresión “dezir Missa” tanto podía implicar que esta fuera cantada como que no lo fuera, como se podría inferir de la redacción de una ley de 1541 que estipulaba “que en las tres Missas que en cada Iglesia Catedral se dizen por los Reyes, sean cantadas”.[39] De hecho, las alusiones directas al canto litúrgico no son numerosas en la Recopilación, si bien este es un rasgo común a la literatura legal de ámbito general; por lo tanto, las menciones inequívocas a actividades musicales, además de resolver la ambigüedad de las expresiones comunes como “decir misa”, aportan una información de mayor interés para nosotros.

Podemos tomar como ejemplo una ley de 1573 que estipulaba que en la enseñanza de la doctrina se pudiera “usar de música de Cantores y Ministriles” y vestir con albas, sobrepellices y estolas, llevando incluso la cruz en la mano para causar una mayor admiración y veneración.[40] También un decreto de 1618 obligaba a que en cada pueblo mayor de cien indios hubiera dos o tres cantores y un sacristán.[41] Incluso en los presidios de hasta doscientas plazas, desde 1610, cuatro ministriles chirimías debían ser nombrados de forma preceptiva para que los sacramentos se pudieran administrar con el culto apropiado y para que se pudieran celebrar las fiestas, teniendo estos músicos la obligación de tomar las armas en caso necesario.[42] Ese mismo año también se emitió una ley que regulaba la forma en que las autoridades eclesiásticas y civiles de una ciudad debían recibir al tribunal de la Inquisición; además de establecer las posiciones en el acompañamiento a la iglesia (el inquisidor más antiguo a la derecha del obispo), y determinar el lugar y tipo de sillas dentro de la iglesia (asientos en el coro con sillas de terciopelo) y otros detalles, señala que cantores y clérigos debían cantar como parte de una solemne y compleja ceremonia el himno Te Deum laudamus.[43] Esta misma ley ofrece una rica descripción de dicha recepción, la cual, de acuerdo a la Recopilación, variaba ligeramente su protocolo según la ciudad donde fuera realizada.[44]

Las expresiones relativas a “oír” determinadas celebraciones litúrgicas, por otro lado, aunque no confirman que todas ellas se realizaran con intervenciones musicales, sí muestran una clara intención prescriptiva, regulando unas veces sus aspectos ceremoniales y resaltando la importancia simbólica del acto litúrgico, y concretando en todo caso la presencia de sus destinatarios. Así, una ley de 1594, confirmada en cinco ocasiones, obligaba a que cuatro o seis prebendados de los cabildos catedralicios de las Indias recibieran en la puerta de sus iglesias catedrales a los virreyes, presidentes y audiencias cuando estos fueran “a oir los oficios divinos”.[45] En este sentido, la población indígena es mencionada en diversas ocasiones, normalmente en alguna norma orientada a garantizarle la oportunidad de oír misa o dictaminar su obligación de asistir a la misma. Es un buen ejemplo el decreto de 1528 que ordenaba a los prelados diocesanos hacer lo posible para que los esclavos de minas “oygan Missa”, proveyendo un clérigo o religioso que además debía administrarles los santos sacramentos y enseñarles la doctrina.[46] De forma similar, desde 1573, los indios que trabajaban en los campos de coca no debían ser empleados los domingos ni los días de fiesta, precisamente para que pudieran acudir a “oir Missa”,[47] algo que también se buscaría conseguir desde 1609 con los indios jornaleros, los cuales, además de tener que ser curados para poder asistir, tampoco podían trabajar los días festivos por este mismo motivo.[48] De hecho, ya en 1541 el emperador Carlos V había dictado la prohibición general de trabajar los domingos y fiestas de guardar,[49] así como establecido una pena pecuniaria de doscientos mil maravedíes por impedir que cualquier indio fuese a oír misa en dichos días.[50]

Para conocer aspectos ceremoniales con posibles implicaciones musicales fuera del caso de misa y oficios, contamos en particular con las leyes recogidas en el decimoquinto título del tercer libro de la Recopilación, que se refieren a otros momentos y celebraciones litúrgicas, especialmente a procesiones. En él, por ejemplo, un precepto de 1530 explicaba la forma en que el pendón real debía ser acompañado en público en vísperas y misas “de los días señalados de cada vn año, y el de Pascua de Reyes en Lima” en la iglesia mayor de esta ciudad y en la de San Hipólito de México.[51] Otra ley recogida en ese título, de 1568, recordaba que eran los regidores quienes debían llevar el palio del santísimo sacramento en las fiestas del Corpus Christi y otras de solemnidad.[52] Una tercera, de 1596, permitía a arzobispos y obispos usar falda en presencia del virrey o presidente en procesiones y otros actos eclesiásticos.[53]

Otros preceptos del mismo libro y título hacen referencia a cuestiones que, aunque destinadas prima facie a esclarecer el protocolo político y las preeminencias sociales de los gobernantes, transmiten también informaciones litúrgicas. Si bien estas no incluyen datos directamente musicales, sí permiten comprender las fuerzas ideológicas que convergían en su medio habitual y que la historiografía musicológica actual estudia al abordar la relación de la música con el poder, el rito y la representación política. Así, en un decreto de 1588 se observa cómo los virreyes de Nueva España y del Perú debían ser tratados en la misa igual que el rey y se incluyen, además, indicaciones ceremoniales sobre cómo debía realizarse la entrada y recibimiento de los virreyes en la misa y la forma de proceder en el Gloria, el Credo, la genuflexión y la paz. También constan instrucciones sobre el recibimiento de la ceniza y de las palmas en los días correspondientes.[54] De la misma manera, una ley de 1602 explicaba que solo debía bajarse el misal después del Evangelio ante los virreyes y no ante otras autoridades civiles.[55]

Ese título de la Recopilación también trata sobre el protocolo relativo a otras autoridades. Así, Felipe III obligaba en 1615 a que o bien un prebendado o bien el capellán de la audiencia aspergiera al cabildo civil al entrar en el templo antes de la misa.[56] El orden en que sus integrantes debían recibir la aspersión fue recogida en la siguiente ley, dejando claro en cualquier caso que primero debían hacerlo las autoridades eclesiásticas y después las civiles si ambos cabildos entraban juntos.[57] También la práctica de incensar fue legislada: en 1618, un decreto dejaba claro que no se debía incensar a las mujeres de las autoridades civiles ni tampoco dárseles la paz;[58] tampoco se les debía dar esta última a las autoridades cuando fueran a las iglesias catedrales como personas particulares.[59]

Sobre la forma de dar la paz, en particular, otras leyes hasta 1648 confirman algunos de los preceptos del ceremonial romano e informan de las costumbres empleadas en esa ocasión. Así, al igual que sucedía con la aspersión del agua, la paz debía darse primero a las autoridades eclesiásticas y después a las civiles,[60] teniendo que mostrar estas últimas cierta cortesía al clérigo que la administrara.[61] De hecho, la paz debía ser dada por un clérigo con sobrepelliz y estola o, en su defecto, por un sacristán.[62] Además, de forma particular, debía darse de forma preceptiva al cabildo secular cuando este no concurriera con el virrey, y no omitirla a los contadores de cuentas en cualquier circunstancia.[63]

Como era habitual en la sociedad europea del Antiguo Régimen, el orden jerárquico y las posiciones que tenían que adoptar las autoridades dentro de los actos litúrgicos era un tema de la más alta importancia. Por ello, no es de extrañar que se puedan encontrar en la Recopilación otras disposiciones que afectaban enfáticamente al orden jerárquico de muchos otros aspectos ceremoniales, como el uso de sillas y la posición de los asientos dentro de la iglesia,[64] así como la utilización de objetos tales como tapetes, alfombras y almohadas[65] no solo para mejorar la comodidad a la hora de atender a misas, oficios y procesiones, sino para mostrar a todos el grado de honor que tales usos suponían.

La legislación que alude a estas últimas –las procesiones– también fue incluida en el mismo título dedicado a las ceremonias. Las leyes al respecto son, lógicamente, muy detalladas, pues las procesiones eran una forma privilegiada de representación de la estructura jerárquica de la sociedad durante el período cronológico al que afecta la Recopilación. Según una ley otorgada por Felipe II en 1582, por ejemplo, el orden que las autoridades debían llevar en las procesiones y en otros actos eclesiásticos implicaba que el virrey o presidente, junto con los oidores, debían seguir al prelado y su clerecía.[66] Sin embargo, parece que este orden no se respetaba o causaba ciertos conflictos entre ambos cabildos, ya que dicho precepto tuvo que ser ratificado tres veces por Felipe III, en 1600, 1608 y 1609, y emitido nuevamente por él mismo en 1617 y posteriormente por su sucesor, en 1631 y 1637, para confirmar que el cabildo eclesiástico siempre debía preceder al secular en las procesiones y actos eclesiásticos.[67] Esta segunda vez la ley fue ratificada otras dos ocasiones más, en 1631 y 1637. En el caso de las procesiones y actos públicos en los que no participara el clero, el orden había sido claramente establecido por una ley de 1551 que fue ratificada cinco veces,[68] y por otra de 1568 que también tuvo que ser ratificada hasta en seis ocasiones, siendo la última de ellas en 1608.[69] No cabe duda de que todas estas reiteraciones remiten a los constantes conflictos de preeminencias que confluían en las procesiones.

En la primera mitad del siglo XVII se observa cómo los monarcas españoles trataron de restringir o limitar ciertas prácticas inadecuadas que se habían instaurado en las procesiones en esta materia de preeminencias o de manifestación pública del honor jerárquico. Así, el séquito de acompañamiento de los prelados tuvo que ser regulado en toda procesión y acto público en la que estos concurrieran con virrey, presidente o gobernador. Desde 1622, cuando el prelado fuera de pontifical en esta circunstancia, podía llevar junto a él caudatorio, maestro de ceremonias y capellán,[70] mientras que en el caso opuesto, es decir, cuando no concurrieran con las autoridades civiles, los prelados podían, desde 1630, llevar tres criados.[71] Además, otra ley de 1634 imposibilitaba a los prebendados el uso de quitasoles en las procesiones y solicitaba a aquellos que no dejaran de asistir a estos u otros actos por la falta de estos objetos.[72] Adicionalmente, encontramos también informaciones más prosaicas, como cuando vemos que, en la procesión del Corpus Christi, una ley dada en 1619 impedía a los prelados la costumbre “novedosa e indecente” de usar sillas en las diversas estaciones,[73] mientras que otra emitida en 1627 prohibía a los pajes de los virreyes del Perú y Nueva España que iluminaban el santísimo sacramento que tomaran lugar entre la custodia y el cabildo eclesiástico.[74]

Las referencias a las diversas celebraciones festivas, si bien no autorizan a establecer un calendario litúrgico indiano, sí permiten observar la existencia de algunos momentos importantes del año cuya celebración en forma litúrgica a veces es específica del Nuevo Mundo. Es posible, por ejemplo, constatar la implantación desde 1625 de la celebración todos los 29 de noviembre de una fiesta perpetua y solemne, con misa y sermón, del Santísimo Sacramento en las Indias por la llegada a salvo de las flotas y galeones que tuvo lugar ese año.[75] No obstante, la celebración del Santísimo Sacramento ya era preceptiva en las Indias desde unos años antes: desde 1619 las iglesias catedrales de cada diócesis debían oficiar una misa en su honor todos los jueves con el fin de renovar “la memoria deste Misterio Divino” y acrecentar su devoción;[76] la noticia de 1625 añade, por lo tanto, la especificidad indiana y un motivo histórico para una celebración adicional.

Otra celebración indiana recaía en el segundo domingo de noviembre, que debía ser festejado obligadamente desde 1643 en todas las ciudades, villas y lugares en honor al patrocinio real de la Virgen Santísima de Nuestra Señora en las Indias, llevando el título de “Patrona” y “Protectora” de estos territorios. Esta fiesta incluía, para dicho año, misa solemne con sermón, procesiones generales con imágenes de mayor devoción y el culto con la mayor festividad posible durante nueve días, así como vísperas, misa y sermón con la mayor solemnidad posible los siguientes años.[77]

Además de estas celebraciones específicas, en la Recopilación se mencionan otras festividades habituales en cualquier calendario eclesiástico. Por ejemplo, según una ley de 1579, en “los primeros dias de las tres Pascuas, los de Corpus Christi, Assumpcion de nuestra Señora, y Advocacion de la Iglesia mayor” y las demás fiestas de tabla, los oidores, alcaldes, fiscales y ministros debían acompañar a misa a los virreyes o presidentes.[78] Además, los religiosos de las diversas órdenes debían repartirse, sin estipendio alguno, los sermones a predicar en iglesias metropolitanas y catedrales de las Indias el “Domingo de septuagesima, Domingos, Miércoles y Viernes de Cuaresma”, así como los días de tabla.[79] También los días de Purificación, Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos y Viernes Santo aparecen citados en una ley dada por Felipe III en 1607, la cual establecía el orden de las autoridades para recibir las velas, ceniza y ramos, y para adorar la cruz en los ritos correspondientes de los días respectivos.[80] Esta ley tuvo que ser reiterada por otra de su sucesor, Felipe IV, en 1627 y además ser ratificada nuevamente tres años más tarde,[81] lo que confirma una vez más que el orden de las autoridades convertía fácilmente los actos públicos y eclesiásticos en el teatro de sus rivalidades respectivas.

Un último aspecto que merece destacarse en este resumen de los contenidos litúrgico-musicales de la Recopilación es su mención a las ciudades españolas consideradas como referente y modelo para ellos. Encontramos así que la legislación indiana mandaba, para las iglesias catedrales de estos territorios y desde 1540, seguir a la metropolitana hispalense en el vestuario de altares y dignidades, así como en la forma de decir la misa en el altar mayor y otros aspectos cultuales.[82] Sin embargo, otros aspectos ligados a la administración de la vida eclesiástica tenían dependencia de Castilla, tal y como se observa en una ley que dictaba la preferencia de clérigos y no religiosos en el nombramiento de vicarios y confesores de monjas,[83] y en otra relacionada con las licencias para pasar a las Indias dentro de la Orden de los Agustinos.[84]

En el caso de los libros litúrgicos, los denominados Libros de Rezo debían tener, desde 1575, autorización del Monasterio de San Lorenzo el Real (El Escorial), para poder ser impresos y/o enviados a las Indias[85] o en su defecto ser embargados,[86] por lo que el oidor más antiguo de cada audiencia debía conocer desde 1594 “las causas sobre introducir libros en las Indias contra el privilegio de San Lorenço”.[87] Además, hasta 1614 se legisló en varias leyes también la forma de proceder en el envío y cobro de este tipo de libros. Para ello, la Casa de Contratación de Sevilla debía recibir las cajas y fardos de libros del Nuevo Rezado y enviarlos a las Indias,[88] siendo los oficiales reales los responsables de “encaminar” los libros, cobrarlos y remitir lo procedido para ser guardado en la Casa de Sevilla.[89] Entre los libros listados en estas leyes se citan breviarios, misales, diurnarios, libros de horas y entonatorios, procesionarios y otros.[90] No obstante, también estos libros fueron impresos en las Indias.[91]

Conclusiones

Sin duda, el derecho indiano es un tema de gran envergadura que aporta datos relevantes para la comprensión de cómo la metrópolis concibió el traslado desde Europa de la vida litúrgica habitual, y cuál fue su entorno normativo en la América Latina de la época colonial. Como se ha avanzado en la introducción, existe una cantidad ingente de fuentes de derecho canónico y eclesiástico que informan del funcionamiento ideal de las iglesias en las Indias. De entre ellas, la Recopilación ofrece abundantes noticias que cruzan la frontera entre la música, la liturgia, el ceremonial y el culto divino, y que, por su origen secular, introducen también elementos representativos de las formas de participación de la sociedad en las celebraciones religiosas, con sus conflictos y tensiones además de su devoción. Es posible relacionar cerca de un centenar de leyes con estas materias en mayor o menor medida, lo cual ofrece unos resultados de considerable magnitud para comprender no solo las actividades litúrgicas de las iglesias americanas, sino también la voluntad de extender sus prácticas culturales por parte del colonizador.

Efectivamente, las leyes de la Recopilación, al igual que otras, son únicamente preceptos que mandaban algo en consonancia con la justicia española y para lo que esta consideraba ser el bien de los gobernados, por lo que sus contenidos no deben tomarse como fiel reflejo del pasado sino más bien como empeños y directrices que dictaban los monarcas españoles para tratar de normalizar la vida interna de las iglesias hispanoamericanas. El hecho de que ciertas leyes fueran reiteradas en una cantidad considerable de ocasiones nos informa de que algunos acontecimientos irregulares sucedían de forma habitual y efectiva, tal como demuestran las cuantiosas prohibiciones de conductas y actitudes en actos públicos y/o eclesiásticos. Ejemplo claro de esto es la elevada cantidad de veces que debió ser legislado el orden a llevar por las autoridades en dichos actos, sobre todo en lo concerniente a procesiones y ceremonias, lo que deja entrever las fricciones existentes entre ambos cabildos. Estas disputas bien podrían ser consideradas herencia y fruto del patronazgo real, reflejo a su vez de la compleja relación entre el Estado y la Iglesia que forma parte de los conflictos de preeminencias y la búsqueda del honor característicos de toda la sociedad del Antiguo Régimen.

Finalmente, las noticias aportadas en este trabajo ofrecen un sólido elemento de contraste, para la América Latina de los siglos XVI y XVII, con lo que conocemos que sucedía en sus templos católicos mediante otras fuentes, las cuales muestran una variabilidad de usos que sin embargo no contradice los principios legislativos estudiados aquí, de carácter más general. Esa tensión entre variabilidad local y norma general puede ahora ser documentada con precisión, lo que permite comprender mejor el proceso de homogeneización de la expresión religiosa en América Latina con sus particularidades distintivas. Gracias a los contenidos de la Recopilación, el conocimiento de los problemas cotidianos de las iglesias del Nuevo Mundo en ese período se ve ampliamente enriquecido, permitiendo situar la música de las iglesias americanas en una encrucijada histórica, política y social mucho más compleja que la que refleja la lectura exclusiva de los libros litúrgicos.

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[1] El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “Música litúrgica de los siglos XVI-XIX en Chile” (FONDECYT Iniciación 11140832), cuyo responsable es el que suscribe. Además, el texto recoge y actualiza parte de la ponencia “Aportaciones del derecho canónico a la historia de la música litúrgica en Chile”, que presenté en el II Congreso de la Asociación Regional para América Latina y el Caribe de la Sociedad Internacional de Musicología, ARLAC/IMS, realizado en la Universidad Alberto Hurtado entre el 12 y el 16 de enero de 2016 en la ciudad de Santiago de Chile. Agradezco en estas líneas a la Dra. Carmen Rodríguez Suso por sus estimulantes sugerencias y aportaciones de mejora en la edición de este texto.

[2] Véanse igualmente las numerosas publicaciones de los anteriores autores así como las de Rafael Altamira y Crevea, Alamiro de Ávila, Manuel Joseph de Ayala, Juan Manzano Manzano, Antonio Muro Orejón, José María Ots Capdequí y Francisco Solano Pérez-Illa, entre otros.

[3] Los dos últimos están disponibles en Santiago de Chile, Biblioteca Nacional, Sala Medina, EG 5-67-3(6) y EG 1-3(5) respectivamente.

[4] Véanse también los veintiocho volúmenes de Pérez y López 1791-1798, con más de treinta mil leyes entre las que abundan de derecho canónico y afines.

[5] Las noticias análogas de los sínodos americanos se hallan dispersas en innumerables referencias.

[6] Las ediciones críticas de esas referencias están disponibles en Paniagua y Viforco 2004, y Viforco y Paniagua 2001 respectivamente. Para las órdenes religiosas, véase Borges 1992 y otras obras de este último autor.

[7] Me refiero a autoridades como Bartolomé de las Casas, Jerónimo de Mendieta y Alonso de la Peña, entre otros.

[8] Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, mandadas imprimir, y pvblicar por la magestad catolica del Rey don Carlos II nuestro señor. 1681. Madrid: Imprenta de Iulián Paredes; disponible en la página web de Memoria Chilena: El Derecho Indiano: Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93487.html, y la de la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de Madrid, http://bdh.bne.es/ Acceso: noviembre de 2015.

[9] Citado en Rosales Santos 1982, 404 y 469 y ss.

[10] Véase una edición moderna de ese primer libro en Muro Orejón 1979, II, 91-420.

[11] Todas fueron impresas en Madrid: la segunda edición por Balbas en 1756, la tercera por Andrés Ortega en 1774, la cuarta por la Viuda de J. Ibarra en 1791 y la quinta por Boix en 1841. Además, existe una edición aumentada algo posterior a esta última en Aguirre y Montalbán 1846.

[12] 1.11.1. Los números hacen referencia al libro, título y ley respectivamente de la Recopilación.

[13] 1.13.24. Otra muy similar, la 1.11.5, fue emitida por Felipe II en 1569.

[14] 1.11.2.

[15] 1.11.3.

[16] 1.11.6.

[17] 1.14.76.

[18] 1.20.12.

[19] 1.16.1.

[20] 1.2.23.

[21] 1.2.7 y 1.3.5, respectivamente.

[22] 6.3.4.

[23] 1.6.13.

[24] 1.6.5.

[25] 1.7.30.

[26] 1.23.4.

[27] 1.6.18.

[28] 1.5.1.

[29] 3.15.48.

[30] 3.15.5.

[31] 3.15.29. Esta ley se aplica de forma similar en el ítem 3.15.31.

[32] 1.1.16.

[33] 3.4.24. La siguiente ley, 3.4.25, bastante anterior en el tiempo, es similar pero afecta exclusivamente al Reino de Chile y permitía al gobernador de dicho reino llevar en campaña dos sacerdotes que administraran los sacramentos a cargo de la Hacienda Real.

[34] 3.7.11.

[35] 3.6.13.

[36] 1.18.5. Salvo la ley aquí indicada, no se han encontrado otras noticias litúrgico-musicales dentro de las disposiciones legales de la Recopilación sobre las defunciones e impuestos aplicados a estas, las cuales eran reguladas principalmente por el Título XVIII del Libro I, en el que se trata lo relativo a la quarta funeral (derechos y aranceles eclesiásticos de sepultura) y por el Título XXXII del Libro II, dedicado exclusivamente al Juzgado de los Bienes de Difuntos. En este último título aparecen alusiones a entierros simples, novenarios y aniversarios, pero desafortunadamente ninguna de ellas ofrece información de interés para este trabajo.

[37] 1.7.9.

[38] 1.3.9.

[39] 1.2.12. La distinción de misa rezada y cantada aparece en los prefacios de los misales romanos de la época, así como, en español, en manuales que tratan de las rúbricas de dichos libros desde al menos el siglo XVI, como por ejemplo Ruiz Alcoholado 1589.

[40] 1.1.4.

[41] 6.3.6.

[42] 3.10.17.

[43] 1.19.5. Este himno, cuyo texto no procede de la Biblia (Westermeyer 1998, 46-50) ha sido utilizado como cántico ideológico y político a lo largo de la historia en diversos contextos. Numerosos ejemplos pueden encontrarse en la literatura, pero destacaré aquí solamente los que aparecen en Baker y Knighton 2011, passim para América Latina, y Valenzuela Márquez 2001, 182-184 para su uso político en el Chile de ese tiempo.

[44] Las variantes locales que aluden a Perú, Panamá y Santa Fe del Nuevo Reino de Granada son explicadas en las leyes 1.19.29 y 1.19.30.

[45] 3.15.7.

[46] 6.15.10. Como se ha visto, varias leyes aluden a la enseñanza de la doctrina cristiana, tema que no abordaré aquí por motivos espaciales. Téngase en cuenta que la Doctrina Christiana fue uno de los libros más utilizados en las Indias, contando incluso con varias traducciones en lenguas locales y siendo considerado el primer libro impreso en América –fue publicado en México por la Casa de Juan Cromberger en 1539 (Medina 1909-1911, I, 1)–. La bibliografía al respecto es abundantísima, por lo que me limitaré a citar dos referencias relacionadas con los primeros ejemplares que circularon en América: Medina 1987 y Crespo Ponce 1988.

[47] 6.14.2.

[48] 6.13.21.

[49] 1.1.17.

[50] 1.1.14. Algunos de estos excesos tuvieron su reflejo en publicaciones de ordenanzas locales, como aquellas para corregidores recogidas en Marqués de Cañete 1614.

[51] 3.15.56.

[52] 3.15.44.

[53] 3.15.39.

[54] 3.15.10.

[55] 3.15.12.

[56] 3.15.8.

[57] 3.15.9.

[58] 3.15.13.

[59] 3.15.18.

[60] 3.15.17.

[61] 3.15.19.

[62] 3.15.20.

[63] 3.15.21 y 3.15.22, respectivamente.

[64] 3.15.24, 3.15.25, 3.15.27, 3.15.32, 3.15.33 y 3.15.34.

[65] 3.15.26, 3.15.28 y 3.15.102.

[66] 3.15.36. En otros actos en que ambas autoridades fueran juntas debía estar el virrey o presidente a la derecha del prelado, al representar aquellos al rey.

[67] 3.15.37.

[68] 3.15.69.

[69] 3.15.38.

[70] 3.15.40.

[71] 3.15.42.

[72] 3.15.45.

[73] 3.15.41.

[74] 3.15.43.

[75] 1.1.22. Esta fiesta solemne incluía misa y sermón. Tres de esos sermones impresos en América fueron De Ledesma 1627, De Acosta 1637 y Valero Caballero 1677, por dar algunos de diversa fecha y lugar de impresión.

[76] 1.1.21.

[77] 1.1.24. Algunos ejemplos de los sermones dictados en esta célebre solemnidad fueron el que predicó el Doctor D. Francisco Calvo de Sandoval, canónigo magistral de la S.I. Metropolitana de la Ciudad de los Reyes, dirigido al rey Felipe IV, publicado en Lima en la imprenta de Julián Santos de Saldaña en 1659, y el dictado en la catedral de Cuzco en 1661 por D. Diego de Honton, cura beneficiado de la doctrina de Soraya en la provincia de Aymaraes, impreso en Lima en casa de Juan de Quevedo y Zárate un año más tarde; Medina 1904-1907, II, 43-44 y 65, respectivamente.

[78] 3.15.6.

[79] 1.14.79. Sin duda, los sermones fueron habituales durante todo el siglo XVII, tal y como puede advertirse del elevado número de estos publicados tanto en México como en Lima. Véanse Medina 1904-1907 y 1909-1911.

[80] 3.15.15.

[81] 3.15.16.

[82] 1.11.7. Sobre esta dependencia, véase Montes Romero-Camacho 1983.

[83] 1.7.42.

[84] 1.14.11.

[85] 1.24.8. Sin embargo, De los Reyes 1999, 118, fecha esta autorización en 1573 de acuerdo a una cédula guardada en el Archivo de Palacio. Existe otro privilegio anterior concedido en 1569 a Alonso Pérez “para que durante diez años pueda imprimir y vender libros de coro en las Indias”, que es transcrito y citado respectivamente en Álvarez y Gómez 1998, 36, y Ros-Fábregas 2001, 45, nota 21, como parte de un pleito en relación a esa concesión.

[86] 1.24.10.

[87] 1.24.12.

[88] 1.24.9.

[89] 1.24.11.

[90] Sobre este tema véanse De Ávila Martel 1985; De los Reyes 1999, 118-22; Ros-Fábregas 2001, 40-43; y Gembero Ustárroz 2006, 152-159.

[91] Medina 1909, I, 140, y posteriormente Stevenson 1968, 178, entre otros, hacen referencia a uno de los primeros libros litúrgicos impresos en América: un Misal Romano impreso en México por Antonio de Espinosa en 1561.

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